Ayer por tercer día siguieron las movilizaciones en contra de la Ley de Movilidad en Quintana Roo, que permitirá el uso de plataformas como Uber y Cabify.
Ciertamente, hay un espacio importante para discutir cómo lograr que haya piso parejo para todos los competidores, es decir que todos tengan derechos y obligaciones equivalentes.
Una crítica de fondo debería estar orientada, por ejemplo, a exigirle a los autos de particulares que operan bajo las plataformas electrónicas a que paguen una cantidad que equipare el costo de las placas de los taxis.
El problema no sólo es que hay algunos particulares que tienen gran número de ellas, sino que detrás hay problemas de corrupción que las han encarecido de forma extraordinaria respecto de su precio público.
Bajo un esquema transparente, las plataformas, incluso, permitirían acabar con los privilegios corporativos asociados a las flotillas de taxis.
Claro que son precisamente los grandes beneficiarios de la situación actual, quienes están orquestando las protestas públicas que están afectando a los turistas en esa entidad.